Ley 87-26 prioriza trámites judiciales digitales en República Dominicana
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley número 87‑26 con el objetivo de modernizar el servicio judicial mediante la digitalización de sus procedimientos. La norma modifica varios artículos de la Ley 339‑22 y añade disposiciones que establecen la prioridad del uso de plataformas electrónicas para la gestión de expedientes y actos jurisdiccionales. Al mismo tiempo, se asegura que la falta de equipos o conectividad no impida a la ciudadanía ejercer sus derechos, permitiendo la atención presencial cuando sea necesario.
Firma electrónica y acceso presencial
Entre los cambios más relevantes, la ley define conceptos como autenticación, buzón judicial digital y firma electrónica cualificada, otorgando plena validez jurídica a documentos firmados digitalmente sin requerir certificaciones adicionales. Jueces, servidores y auxiliares podrán suscribir sentencias y resoluciones mediante firma digital, lo que agiliza los procesos. Asimismo, se garantiza el derecho de cualquier persona que declare no disponer de los recursos tecnológicos a realizar sus trámites de forma presencial en cualquier sede del Poder Judicial.
Georreferenciación y audiencias virtuales
El artículo 12.1 crea un sistema de georreferenciación ministerial que registrará en tiempo real fecha, hora y coordenadas de cada diligencia, reforzando la trazabilidad de las actuaciones de campo. La normativa autoriza audiencias virtuales en todas las materias, con restricciones específicas en materia penal según la legislación vigente. Además, contempla modalidades presencial, semipresencial y virtual, y establece planes de contingencia para situaciones de fuerza mayor o estados de excepción. La ley entrará en vigor una vez cumplidos los plazos constitucionales y del Código Civil dominicano.
Fuente: Portada