El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desestimó las peticiones de extinción de la acción penal presentadas por las defensas de varios acusados en la investigación de presunta malversación de fondos encabezada por el exministro Donald Guerrero. La presidenta del tribunal, la jueza Arlin Ventura Jiménez, emitió un voto disidente que consideró agotado el plazo razonable del proceso. El Ministerio Público, a través de la Pepca, solicitó la recusación de Ventura, pero sus compañeras de magistratura rechazaron la petición.

Plazo razonable y fundamentos legales

Ventura argumentó que el derecho a ser juzgado dentro de un tiempo razonable está consagrado en el artículo 69.2 de la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. Señaló que el expediente lleva cinco años y casi diez meses sin sentencia, y que la mayor parte del tiempo se consumió en la fase investigativa del MP. Para respaldar su postura citó la Ley 97‑25 del Código Procesal Penal, artículo 150, como la norma que mejor garantiza el límite temporal, en contraste con el artículo 148 de la Ley 10‑15.

Mirna Ortiz, titular de la Pepca, criticó que la jueza disidente no estaba en condiciones de valorar las pruebas del fondo y que su voto ya prejuzgaba el resultado del proceso. Las magistradas Leticia Martínez Noboa y Eveline Rodríguez, que consideraron que el plazo máximo no se había cumplido, votaron en contra de la recusación, argumentando que la decisión debía basarse en la mayoría y que el proceso aún no estaba extinguido.

Fuente: Portada