La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que el incumplimiento, retraso o ejecución incompleta de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) debilita el Estado de derecho y convierte en ineficaz la protección judicial de los derechos, pero al mismo tiempo planteó que cualquier sanción contra funcionarios responsables debe estar expresamente sustentada en la ley.

La posición introduce un matiz en el debate sobre qué hacer con las instituciones públicas que se resisten a ejecutar decisiones del máximo intérprete de la Constitución: las sentencias deben cumplirse, pero el propio Estado tampoco puede sancionar al margen de las competencias establecidas legalmente.

Finjus recordó que el artículo 184 de la Constitución dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos estatales. La Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, reafirma esa obligatoriedad y establece, además, que el TC tiene competencia para resolver las dificultades relacionadas con la ejecución de sus decisiones.

Para la organización, que una sentencia reconozca un derecho pero permanezca indefinidamente sin ejecutarse equivale en la práctica a dejar incompleta la tutela judicial.“El reconocimiento de un derecho pierde sentido cuando la decisión que lo protege permanece indefinidamente sin materializarse”, sostiene el documento firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.

No todo incumplimiento es igualLa entidad plantea, sin embargo, que antes de atribuir responsabilidades individuales debe determinarse qué produjo la inejecución. Finjus considera necesario distinguir entre una imposibilidad material temporal para cumplir una sentencia, una ejecución defectuosa, un retraso injustificado y una resistencia deliberada de la autoridad.

Esa diferenciación sería indispensable antes de aplicar una amonestación, requerimiento o cualquier otra consecuencia contra un funcionario. La advertencia cobra relevancia porque el propio Tribunal Constitucional ha reconocido las dificultades para conseguir que organismos públicos ejecuten sus decisiones. La alta corte incluso cuenta con una Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias y desde abril publica un listado de responsables de incumplimientos.

En mayo pasado, el presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, llegó a reclamar que el Congreso otorgue “mayores garras” al organismo para garantizar la ejecución efectiva de sus fallos, reconociendo que existen sentencias que distintas instituciones todavía no han cumplido. El problema tampoco es nuevo.

Ya en 2018 el entonces presidente del TC, Milton Ray Guevara, planteaba la necesidad de reformar la legislación para permitir mecanismos más fuertes contra el incumplimiento, incluyendo multas coercitivas y otras medidas expresamente establecidas por ley.

Fuente: Portada