Extienden 18 meses la entrada en vigor de la responsabilidad penal empresarial
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 88-26, que otorga una prórroga de dieciocho meses para que entren en vigor las disposiciones del nuevo Código Penal dominicano sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La fecha originalmente prevista, el 5 de noviembre, se traslada al 5 de mayo de 2028, con la excepción del artículo 393. La medida busca dar tiempo a las empresas para adaptar sus procesos internos y cumplir con el nuevo marco legal.
Artículos y sanciones
Los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74‑25, que regulan la investigación, el procesamiento y la sanción de empresas por delitos cometidos por sus directivos o empleados, serán los primeros en aplicarse bajo la nueva fecha. Entre las penas contempladas se encuentran multas, cierres temporales o definitivos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y, en casos extremos, la disolución de la entidad. Además, el texto exige la evaluación de los mecanismos internos de prevención y control que cada organización debe mantener.
El Congreso aprobó la modificación tras un voto unánime del Senado, con 26 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa, inicialmente propuesta con una extensión de veinticuatro meses, fue recortada a dieciocho por la Cámara de Diputados antes de ser aceptada por la Cámara Alta. Organizaciones empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) habían solicitado la prórroga, argumentando que micro, pequeñas y medianas empresas requieren más tiempo para implementar los sistemas de cumplimiento exigidos por la normativa.
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