Dominicana prohíbe IA para clasificación social y decisiones penales
El presidente Luis Abinader firmó el 2 de noviembre el Decreto 787‑26, que establece un Código de Ética para la Inteligencia Artificial en los servicios públicos. La norma prohíbe que sistemas de IA clasifiquen a la población según su condición socioeconómica, manipulen opiniones políticas o tomen decisiones penales sin intervención humana. Asimismo, se restringe la identificación biométrica masiva en espacios públicos cuando no existan garantías legales.
Entre las prohibiciones destacan la utilización de algoritmos que predigan conductas delictivas basándose en la zona de residencia, origen étnico o nivel económico, y la generación de propaganda política manipuladora. El decreto también obliga a que cualquier herramienta de IA que influya en derechos fundamentales sea evaluada éticamente antes de su puesta en marcha, y que su uso sea transparentado al ciudadano.
Los ciudadanos tendrán derecho a saber cuándo una decisión administrativa se apoya en IA, a solicitar información sobre los factores considerados y a pedir una revisión humana. La responsabilidad seguirá recayendo en los servidores públicos, aun cuando empleen sistemas automatizados.
Consejo Nacional de Ética de la IA
Para garantizar el cumplimiento, se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, copresidido por la Digeig y la Ogtic. El organismo reunirá a representantes gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil, y supervisará la aplicación del código, la publicación de un registro público de sistemas y la auditoría de contratos que involucren IA.
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