DGCP remite 15 casos a la PGR y elimina silencio administrativo
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DGCP remite 15 casos a la PGR y elimina silencio administrativo

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El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que bajo su administración la entidad ha remitido más de quince expedientes por presuntas irregularidades a la Procuraduría General de la República. Algunos de esos casos ya se encuentran en instancias judiciales, mientras que otros continúan bajo investigación. Pimentel señaló que, antes de su llegada, la DGCP nunca había enviado un expediente al Ministerio Público.

Monitoreo preventivo y alertas

En 2026 el organismo activó un sistema de vigilancia que generó más de treinta mil alertas, diseñadas para identificar cláusulas en los pliegos que requieren revisión adicional. Estas notificaciones no implican necesariamente incumplimientos, pero desencadenan la asignación de analistas que evalúan la conveniencia de suspender o cancelar los procesos. La medida está contemplada en la Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas, que obliga a remitir a la Fiscalía cualquier indicio penal detectado.

Otro avance destacado es la eliminación del llamado “silencio administrativo”. La DGCP asegura que toda solicitud, medida cautelar o investigación iniciada de oficio recibe respuesta y, de ser necesario, se procede a reevaluar, suspender o cancelar la contratación. Pimentel comparó esta práctica con los más de doscientos expedientes que encontró archivados al asumir la dirección, citando como ejemplo el contrato del teatro Agua y Luz, declarado ilegal en 2020 y que permaneció varios años en los tribunios.

Leónidas Radhamés Peña Díaz, director ejecutivo de la Unidad Antifraude de la Contraloría, explicó que las Unidades de Auditoría Interna realizan labores preventivas y, cuando una auditoría detecta situaciones que requieren mayor análisis, los expedientes se envían a la Unidad Antifraude para investigaciones especializadas. Según indicó, este enfoque permite profundizar con criterios científicos y ampliar la capacidad de detección de posibles actos de corrupción en la administración pública.

Fuente: Portada