Contratos de 133 millones a servidores públicos generan irregularidad
La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial asignó contratos por un total de RD$133,233,565.44 a tres empleados del Estado durante 2024. La Contraloría General de la República señaló que dichas adjudicaciones incumplieron la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y que la institución no presentó medidas correctivas claras.
Proyectos y beneficiarios
El contrato de mayor valor, RD$68,656,491.20, correspondió a la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro en Higüey, otorgado a Seven Caves Chain S.A., cuya principal accionista, Ivonne Nicole Jacobo Trigo, también ocupa un cargo de consejera en la Cancillería. Otro acuerdo, de RD$28,909,522.73, financió la construcción de funerarias municipales en Canca la Reyna (Moca) y Monte Plata, y fue adjudicado a Neulin Antonio Reyes Villar, ingeniero de obras del Ayuntamiento de Pedro Brand. El tercer contrato, por RD$35,667,551.51, cubrió la reparación del área exterior del Parque Arqueológico La Isabela Histórica en Luperón, y se asignó a Pedro Leandro Almonte Sandoval, teniente de corbeta de la Armada.
La normativa dominicana prohíbe que servidores públicos o sus empresas vinculadas contraten con el Estado; la violación puede anular los contratos y generar responsabilidades administrativas, civiles y penales. La Contraloría desestimó la justificación de la comisión sobre la falta de un oficial de cumplimiento, manteniendo el hallazgo en su informe final, aunque el caso sigue registrado como en proceso de subsanación sin acciones concretas anunciadas.
Fuente: Portada