Cierres de comercios chinos por incumplir normas dominicanas
Las autoridades de la República Dominicana intensificaron la clausura de establecimientos de capital chino que no cumplen la normativa nacional, dejando seis comercios cerrados temporalmente y manteniendo otros dos bajo investigación. Las medidas responden a denuncias de comerciantes locales que exigen igualdad de condiciones. El objetivo es garantizar que todas las empresas operen bajo las mismas reglas.
El organismo de defensa del consumidor, Pro Consumidor, actuó bajo las resoluciones 1934‑26 y 1935‑26 para ordenar el cierre de locales como Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena, tras detectar venta de productos sin registro sanitario y exposición de artículos para adultos a menores. Las inspecciones también revelaron irregularidades fiscales y de seguridad estructural en varios de los locales. Otros dos establecimientos permanecen bajo investigación para determinar si procede su clausura.
Clausura de fábrica y depósito de combustible
En San Antonio de Guerra, la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, fue clausurada por carecer de permisos de construcción, uso de suelo y funcionamiento; el complejo incluía tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles. Durante la inspección, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías incautó un tanque de 5,000 litros con 1,000 galones de gasoil, valorado en 2.25 millones de pesos, y halló irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, lo que motivó la intervención de Migración.
La Dirección General de Impuestos Internos reportó ajustes fiscales superiores a 1,500 millones de pesos para comercios chinos, mientras la Dirección General de Aduanas identificó diferencias de 66.4 millones de pesos en 2026 y auditorías previas que suman más de 4,500 millones. Por su parte, el Ministerio de Trabajo inspeccionó 101 establecimientos, levantó 1,016 actas y remitió 42 infracciones a los tribunales por incumplimientos de descanso semanal, pago de horas extra y contratación irregular.
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