El presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas (Asonabade), Ricardo Nadal, remitió una carta al Poder Ejecutivo para que se revisen varios artículos del proyecto de ley de juegos de azar antes de que el presidente Luis Abinader lo promulgue. El proyecto concluyó su trámite en el Congreso Nacional hace doce días y quedó a la espera de la firma presidencial. En la misiva, la asociación plantea dudas sobre la regulación de las bancas hípicas, la ludopatía y la proliferación de puntos de juego. Nadal insiste en que el texto actual contiene disposiciones que podrían favorecer a ciertos concesionarios.

Licencias y control de puntos de juego

Según Nadal, la existencia de alrededor de 120 mil puntos de lotería y la expansión de agencias hípicas que operan como mini‑casinos generan un escenario de monopolio para grupos adinerados. La asociación advierte que el Estado ya no tiene claridad sobre la cantidad exacta de establecimientos, lo que dificulta la fiscalización y la prevención del lavado de activos. Además, se cuestiona la inclusión de cambios en los criterios de cancelación o revocación de licencias que no estaban en la propuesta original del Ejecutivo.

Otro punto crítico es la competencia entre autoridades para otorgar licencias. El artículo 3, numeral 29, de la Ley 494‑06 asigna al Ministerio de Hacienda la facultad de autorizar todos los juegos de azar, incluidos los electrónicos. Sin embargo, el Decreto 480‑19, que modificó el Reglamento Hípico, introdujo los Juegos Hípicos Virtuales y concedió atribuciones a la Comisión Hípica Nacional, creando incertidumbre jurídica sobre cuál entidad debe regular esos juegos. Asonabade solicita que se aclare esta superposición antes de la promulgación.

La asociación también plantea riesgos para la protección de menores, la proximidad de los puntos de juego a centros educativos y la capacidad del Estado para supervisar el mercado. Nadal apoya la creación de un órgano regulador independiente que garantice una normativa moderna sin legitimar las distorsiones actuales. En su carta, la entidad pide que se mantenga el texto original del proyecto para evitar beneficios indebidos a los concesionarios y salvaguardar los derechos de los empleados del sector.

Fuente: Política