Abogados cuestionan presunción de culpabilidad en caso de sobornos de seguridad
Durante el receso de la audiencia preliminar, los abogados de los imputados señalaron que la acusación presentada por la Pepca parte de una presunción de culpabilidad que, según ellos, debe ser contrastada con pruebas concretas. El jurista Víctor Manuel Marcos Fernández, quien representa al teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, sostuvo que la defensa exigirá evidencias que vinculen directamente a cada acusado con los hechos. Además, indicó que la imposibilidad de su defendido para obtener una certificación bancaria, a causa del arresto domiciliario, limitó la presentación de algunos documentos de defensa. El abogado reiteró que la posición de la defensa se centrará en la valoración objetiva de la prueba.
Procedimientos y decisiones judiciales
La sesión se vio afectada por la ausencia de dos defensores que habían comunicado su imposibilidad de asistir por compromisos en otros procesos. Ante ello, varios colegas solicitaron al juez Deiby Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de la Instrucción que se evitara el abandono de la defensa y la remisión a la Defensa Pública, lo que habría alargado los plazos. Se acordó que uno de los abogados presentes asumiera provisionalmente la representación de los imputados sin defensa, permitiendo que la vista continuara. El magistrado recesó la audiencia y fijó su reanudación para el viernes 27, con la intención de concluir las intervenciones y programar la réplica a las conclusiones.
Acusación y cifras
El Ministerio Público acusó a 14 personas físicas y jurídicas de integrar una supuesta red que exigía y recibía sobornos para favorecer contratos de seguridad privada con el Estado. Según la Pepca, los pagos ilícitos ascenderían a RD$108,080,359.92, y la estructura habría manipulado licitaciones entre 2012‑2020 y 2020‑2025. La investigación cuenta con 218 documentos, 99 testimonios, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales. La denuncia original provino de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y la Pepca, con apoyo de la Dirección General de Persecución, lideró la investigación.
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